Una decisión que genera indignación
En el municipio de La Estrella, Antioquia, se ha generado controversia luego de conocerse la contratación inmediata de una funcionaria que acababa de retirarse por cumplir la edad de retiro forzoso. Se trata de María Eugenia Ramírez Mejía, quien hasta el 21 de mayo de 2025 ocupaba el cargo de Auxiliar Administrativa Grado 03 en encargo, bajo la planta de personal del municipio.
Mediante acto administrativo, la administración municipal aceptó su renuncia, conforme al Decreto 2400 de 1968 y al Decreto 1083 de 2015. Estos decretos estipulan que la renuncia aceptada voluntariamente implica la desvinculación definitiva del servicio público.
¿Retiro o puerta giratoria?
Pese a que la señora Ramírez Mejía dejó su cargo por motivos de edad, el 22 de mayo de 2025 aparece vinculada mediante un contrato de prestación de servicios por más de 11 millones de pesos. La nueva función, según el SECOP, es la de “apoyo técnico al asesor de despacho en TI”, adscrita directamente al despacho del alcalde.
Lo que ha encendido el debate es la aparente contradicción: mientras la ley obliga al retiro por vejez, la administración local decide contratarla de inmediato para otra labor administrativa. Aunque legal, la decisión ha causado rechazo entre sectores ciudadanos que reclaman oportunidades para jóvenes profesionales, más aún en un contexto de desempleo juvenil creciente.
Críticas desde lo público
Este tipo de actuaciones ha sido objeto de reiteradas denuncias en Colombia. Entidades como la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral han señalado cómo el uso de contratos de prestación de servicios ha sido instrumentalizado para el clientelismo, reencauche de exfuncionarios y favores políticos.
En este caso, lo que se cuestiona no es la legalidad del contrato, sino el mensaje que envía la administración: ¿vale más la antigüedad que la meritocracia? ¿Se cierran las puertas al relevo generacional en el sector público?