EE. UU. endurece postura y cancela visas a funcionarios del gobierno Petro
La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa su momento más tenso en lo que va del gobierno de Gustavo Petro. En las últimas horas, trascendió que la Casa Blanca habría ordenado retirar las visas de ingreso a Estados Unidos a varios altos funcionarios de la administración colombiana.
Funcionarios afectados tienen antecedentes en grupos insurgentes
Según medios internacionales, entre los funcionarios afectados estarían el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez; el comisionado de Paz, Otty Patiño; y el embajador en México, Fernando García. Todos ellos tienen antecedentes como militantes del M19. También figuran Antonio Sanguino, ministro de Trabajo y exintegrante del grupo “A Luchar”; Jorge Lemus, director de Inteligencia; y Álvaro Jiménez, negociador del proceso de paz.
Las restricciones, según fuentes cercanas a la diplomacia estadounidense, habrían sido tomadas por motivos de seguridad y por los vínculos históricos de varios de estos funcionarios con movimientos armados del pasado.
Casa Blanca y Petro entran en confrontación directa
El detonante de la medida habría sido un “escenario de máxima tensión” entre ambas naciones, que se ha intensificado en los últimos meses. Como respuesta a la orden estadounidense, el presidente Gustavo Petro ordenó el regreso inmediato del embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña.
Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio calificó como “reprensibles” recientes declaraciones del gobierno colombiano y llamó a consultas a John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia.
Congresistas del Pacto Histórico exigen respuesta
En Bogotá, al menos treinta congresistas cercanos al oficialismo exigieron abrir investigaciones en Estados Unidos contra representantes republicanos por presunta injerencia en la política colombiana.
Cooperación bilateral en riesgo
Las restricciones de visado podrían afectar áreas sensibles como la cooperación en seguridad, narcotráfico, comercio y migración. La incertidumbre crece ante la falta de claridad sobre el tiempo que durará esta medida o los canales para su resolución.