Contexto inmediato
Álvaro Uribe presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá una renuncia expresa a la prescripción de la acción penal. Lo hizo dentro del caso por soborno a testigos y fraude procesal. Su escrito pide que la Sala decida de fondo con plena valoración probatoria.
Qué cambia para el proceso
Penalistas explican que la ley admite una renuncia a la prescripción. El efecto práctico, si el Tribunal la reconoce, sería reabrir términos por dos años adicionales. Uribe afirma que no busca beneficios temporales. Afirma que desea un fallo sereno, ponderado e integral sobre las pruebas.
La carrera contra el calendario
El proceso tenía un plazo legal que vencía el 16 de octubre. La renuncia llega cuando faltaba cerca de mes y medio para ese límite. Con la movida, el expediente podría ganar tiempo para revisión y decisión de fondo.
Debate jurídico en marcha
Algunos expertos sostienen que solo se renuncia a lo ya causado. Otros afirman que cabe renunciar a la expectativa válida de prescribir. Unos ven un gesto simbólico sin efectos plenos. Otros señalan que sí tendría impacto si el Tribunal declara la prescripción y el procesado renuncia.
Voces expertas
Francisco Bernate señala que la renuncia es posible una vez y por decisión directa del enjuiciado. Agrega que los términos podrían reiniciarse por dos años más. Germán Calderón propone priorizar una revisión rigurosa, sin decisiones apresuradas. Carolina Restrepo resalta que Uribe privilegia un juicio de fondo sobre un camino expedito. Santiago Trespalacios considera válida la renuncia al término en curso.
El mensaje político y procesal
Uribe dice que prefiere la verdad sobre atajos procesales. Señala que su derecho a ser oído no fue valorado plenamente en primera instancia. Afirma que acompañó el juicio con amplia prueba testimonial y documental. Pide a la Sala estudiar audiencias, alegatos y errores alegados con tiempo suficiente.
Lo que viene
La Sala Penal deberá definir el alcance de la renuncia. También deberá precisar sus efectos en los términos y en la decisión final. El caso sigue abierto y bajo observación jurídica y pública.