Acusación histórica contra congresistas
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a los congresistas Iván Name y Andrés Calle por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el alto tribunal, ambos habrían recibido millonarias coimas para impulsar las reformas a la salud y pensional presentadas por el Gobierno en 2023.
El caso de Iván Name
La Corte estableció que el senador Iván Name, expresidente del Congreso, aceptó 3.000 millones de pesos entregados en dos cuotas de 1.500 millones. Los pagos se habrían realizado en su residencia en Bogotá los días 12 y 13 de octubre de 2023, por intermediación de Sandra Ortiz, entonces consejera para las Regiones. Aunque Name no cumplió con lo pactado en el Congreso, la Sala determinó que este delito se configura como un “acto de mera conducta” y no requiere un resultado concreto.
El papel de Andrés Calle
El representante a la Cámara, Andrés Calle, habría recibido 1.000 millones de pesos directamente de manos de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, en su apartamento en Montería. Dichos recursos provenían de un contrato por 46.800 millones para la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira, operación que según la Corte estuvo direccionada para extraer recursos públicos y financiar sobornos.
Orden desde altos niveles del Gobierno
Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, fueron clave. Según la Corte, ellos detallaron cómo el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, dio la orden de entregar dinero a los congresistas. Incluso se documentó una reunión en el Palacio de Nariño, el 21 de septiembre de 2023, en la que se habrían definido las sumas.
Beneficios políticos y familiares
La acusación sostiene que las coimas también buscaban apoyar electoralmente a familiares de ambos congresistas: María Clara Name, candidata al Concejo de Bogotá, y los hermanos y padre de Andrés Calle en Córdoba.
Testigos creíbles para la Corte
El alto tribunal enfatizó que los testimonios de López y Pinilla son válidos y obtenidos legalmente, pese a que ambos exfuncionarios se autoincriminaron. La Sala recordó que su colaboración no los exime de responsabilidad, pero sus pruebas sí pueden usarse contra los congresistas implicados.
Con esta acusación, la Corte Suprema abre un nuevo capítulo en uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años, que salpica a altos funcionarios y golpea la credibilidad del Congreso.