La Gobernación de Antioquia ha iniciado un proceso ambicioso para enajenar 62 bienes inmuebles, entre los cuales se incluyen antiguas bases militares, colegios, y terrenos estratégicos. Estos bienes tienen un valor registrado de 135.573 millones de pesos. La medida ha generado un amplio debate en la región, ya que la Asamblea Departamental aprobó una ordenanza que permite destinar el 85% de los ingresos provenientes de estas ventas a proyectos de inversión del plan de desarrollo del gobernador Andrés Julián Rendón.
Un cambio en la asignación de recursos
La nueva ordenanza, aprobada el 15 de junio de 2024, modifica la disposición anterior que estipulaba que el 85% de los ingresos por venta de bienes inmuebles se destinarían al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Ahora, estos recursos se redirigirán principalmente hacia proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico y social del departamento, de acuerdo con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo del actual gobernador.
Bienes en proceso de venta
Entre los bienes susceptibles de venta se encuentran la base militar de Urrao, la recuperadora Fontidueño en Bello, y terrenos en varias regiones del Valle de Aburrá. Además, se destaca la Escuela contra la Drogadicción en Llanogrande, Rionegro, un proyecto que tuvo una inversión inicial de 25.000 millones de pesos y ocupa un terreno de 20.000 metros cuadrados en una zona de alta valorización.
Críticas y dudas
A pesar de la aprobación de la ordenanza, la decisión no ha estado exenta de críticas. El diputado Luis Peláez cuestionó la existencia de un superávit en las pensiones, argumentando que las entidades descentralizadas, como hospitales y la Universidad de Antioquia, no están completamente cubiertas. Además, criticó la falta de estudios actualizados sobre el valor comercial de los bienes.
Proceso y futuro de las enajenaciones
La secretaria de Suministros y Servicios de Antioquia, Ofelia Elcy Velásquez, explicó que, aunque la normativa permite la venta, este proceso no es inmediato. Cada enajenación requerirá un proceso detallado que incluye certificaciones, avalúos comerciales, y varias autorizaciones antes de ser subastados a través de entidades financieras como el Banco Popular o CISA. Algunos bienes podrían ser transferidos a programas de interés comunitario si los alcaldes lo solicitan.