Contraloría revela graves fallas administrativas
La Contraloría Distrital de Medellín encendió las alarmas tras encontrar cinco hallazgos en el manejo de recursos del INDER Medellín durante la vigencia 2024. El informe definitivo advierte que las anomalías detectadas comprometen la legalidad y la eficiencia en la ejecución del presupuesto de la entidad.
Viáticos sin legalizar por casi un año
Uno de los casos más preocupantes se relaciona con el viaje del director del INDER a Bogotá en junio de 2024, cuando asistió al sorteo de grupos del Mundial Femenino Sub-20. La legalización de los viáticos se realizó solo hasta el 30 de mayo de 2025, casi un año después. La Contraloría señaló que esta extemporaneidad impide verificar el destino real de los recursos y debilita el control sobre el gasto público.
Aprobaciones cuestionadas sin competencia legal
El informe advirtió además que la autorización de los viáticos fue firmada por el subdirector administrativo y financiero, pese a que la normativa distrital reserva esa competencia a la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín. Este hecho vulnera el principio de legalidad del gasto y constituye una indebida delegación de funciones.
Inconsistencias financieras millonarias
La auditoría también identificó una diferencia de $29.983 millones en las conciliaciones contables entre el INDER y otras entidades públicas. La omisión refleja debilidades en el sistema contable y pone en riesgo la confiabilidad de los estados financieros de la entidad.
Uso irregular de vehículo oficial y pagos tardíos
Otro hallazgo se relaciona con el uso del vehículo oficial del director general, el cual carecía de reglamento interno de asignación. Esta situación configura un manejo informal de bienes públicos. Además, la entidad pagó una factura a EPM por más de $1.500 millones fuera del plazo legal, lo que generó intereses de mora por $5,3 millones.
Contraloría exige correctivos inmediatos
La Contraloría solicitó al INDER implementar correctivos urgentes para subsanar estas deficiencias. Advirtió que al menos un hallazgo podría derivar en responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial.