Laura Sarabia ratificó que la extensión del contrato con Thomas Greg and Sons para impresión de pasaportes se mantiene, garantizando continuidad del servicio mientras se busca un nuevo modelo.
Contrato prorrogado por decisión técnica, no política
Aunque el presidente Gustavo Petro expresó que Thomas Greg and Sons no continuaría con la impresión de pasaportes, la canciller Laura Sarabia confirmó que la prórroga por 11 meses se mantiene. La decisión, dijo la funcionaria a El Colombiano, fue técnica y busca evitar cualquier interrupción en la expedición de estos documentos esenciales.
La extensión del contrato busca asegurar el servicio mientras la Cancillería ajusta el modelo de gobernanza de datos y diseña una nueva estrategia para futuras contrataciones. Según explicó Sarabia, aunque la impresión seguirá en manos de la cuestionada empresa, los datos sensibles estarán ahora bajo control estatal.
Petro se distancia de la decisión
En el reciente Consejo de Ministros, el presidente Petro —sin presencia de Sarabia— se refirió al excanciller Álvaro Leyva afirmando que “por no hacerme caso se metió en un problema con la Procuraduría”, recordando así la polémica licitación anterior, suspendida tras adjudicar el contrato a Thomas Greg. El proceso fue objeto de críticas por supuestamente estar amañado, sin pluralidad de oferentes ni competencia justa.
La empresa había preparado una demanda internacional contra el Estado colombiano por más de $100.000 millones, pero con la extensión del contrato, desistió de su intención de litigar.
El nuevo modelo aún no está listo
El Gobierno había anunciado un modelo alternativo en el que la Imprenta Nacional asumiría la impresión con apoyo técnico de Portugal. Sin embargo, este sistema no se ha consolidado y expertos afirman que no está listo para operar. Por ahora, la Cancillería considera que la extensión con Thomas Greg es la única opción viable.
Sarabia, por su parte, ha asumido posturas que no siempre coinciden con el discurso oficial del Ejecutivo, como ocurrió tras el atentado contra Miguel Uribe, cuando pidió al Gobierno desescalar el lenguaje del odio.