Cancillería reclama explicaciones directas a Washington
La Cancillería colombiana envió una nota verbal al Gobierno de Estados Unidos para exigir claridad sobre la razón por la que el presidente Gustavo Petro apareció en la Lista Clinton el 24 de octubre de 2025.
La canciller Rosa Villavicencio explicó que la comunicación solicita los fundamentos concretos detrás de esa decisión y pide el retiro inmediato del presidente de la lista. Afirma que la medida afecta al país y carece de sustento.
Gobierno considera la sanción injusta y sin fundamento
Villavicencio calificó la inclusión como “una sanción injusta contra Colombia representada en su jefe de Estado”. Insiste en que no existe evidencia que demuestre un vínculo del mandatario con actividades ilícitas.
La funcionaria advirtió que la sanción deteriora la presencia internacional del país y limita su capacidad de interlocución en escenarios oficiales. La Cancillería sostiene que esta situación golpea la diplomacia colombiana en un momento clave.
Las razones que dio Estados Unidos para la inclusión
Washington justificó la medida argumentando un supuesto rol del presidente en el tráfico ilícito de drogas, el incremento de la producción de cocaína y la entrega de beneficios a organizaciones criminales.
También mencionó la filtración de un memorando de inteligencia financiera sobre el caso Pegasus, un hecho que derivó en sanciones adicionales en la lucha contra el lavado de activos.
La nota verbal, ¿puede cambiar algo realmente?
El Gobierno colombiano dirigió la nota verbal directamente a la administración de Donald Trump, responsable de la política de sanciones.
El presidente Petro también entregó su declaración de renta y su información financiera reciente para respaldar que no existen vínculos con el narcotráfico.
La nota verbal es el mecanismo diplomático más formal para expresar la posición de un Estado. Sin embargo, su alcance resulta limitado frente a sanciones unilaterales como las de la Lista Clinton.
Este documento obliga a Estados Unidos a responder por vía diplomática, pero no garantiza que la OFAC modifique una designación ya realizada.
Aun así, el Gobierno considera que dejar constancia formal del desacuerdo es un paso necesario para defender la institucionalidad y la legitimidad del jefe de Estado.