El Consejo de Estado sacudió el panorama político y económico del país al ordenar al Gobierno nacional expedir un nuevo decreto sobre el salario mínimo en un plazo de ocho días. La decisión impacta directamente el documento firmado en diciembre pasado, mediante el cual el Ejecutivo fijó el salario base en 1.750.905 pesos. Cuando el nuevo decreto quede en firme, el anterior quedará suspendido.
La determinación la tomó la Sección Segunda del alto tribunal, que analizó demandas contra el procedimiento utilizado para establecer el incremento salarial. Con esta orden, la corporación exige que el Gobierno ajuste y sustente nuevamente la decisión bajo criterios jurídicos estrictos.
Un plazo que redefine el tablero político
El alto tribunal no solo revisó un acto administrativo; envió un mensaje institucional en medio de una coyuntura política marcada por la polarización y la jornada electoral. El salario mínimo se convirtió otra vez en el centro del debate nacional, justo cuando el país discute empleo, inflación y poder adquisitivo.
El Gobierno ahora debe justificar con mayor rigor técnico las variables que sustentan el incremento, entre ellas la inflación causada, la productividad laboral y el crecimiento económico. La decisión obliga al Ejecutivo a actuar con rapidez y precisión jurídica para evitar incertidumbre.
Impacto económico inmediato
El salario mínimo no solo afecta a millones de trabajadores formales; también sirve como base para tarifas, multas, contratos y aportes al sistema de seguridad social. Cualquier ajuste o modificación repercute directamente en la economía cotidiana de hogares y empresas.
Cada año, el Gobierno negocia el incremento con gremios empresariales y centrales obreras. Cuando no logra consenso, fija la cifra por decreto. Sin embargo, la jurisdicción contencioso-administrativa revisa que el proceso cumpla principios de legalidad, motivación y participación efectiva.
Debate en plena jornada electoral
La decisión del Consejo de Estado llega en un momento políticamente sensible. Sectores afines al Ejecutivo defienden el incremento como una medida para proteger el ingreso real de los trabajadores frente a la inflación. Otros sectores critican el procedimiento y advierten riesgos para la estabilidad empresarial y el empleo formal.
En un país profundamente dividido, el fallo podría convertirse en argumento central de campaña. El salario mínimo trasciende la cifra y se transforma en símbolo de modelo económico y visión de país.
El Gobierno enfrenta ahora una carrera contra el tiempo. Debe expedir un nuevo decreto sólido, jurídicamente blindado y técnicamente sustentado. Mientras tanto, el debate se intensifica y el país observa cómo una decisión judicial redefine la discusión económica en pleno escenario electoral.