Video en redes desata cuestionamientos en plena campaña legislativa
Una nueva controversia sacude el ambiente político en Medellín a pocas semanas de las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo. Un video difundido en redes sociales muestra al concejal Santiago Narváez, del partido Creemos, recorriendo vías del Norte de Antioquia en camionetas que, según denuncias ciudadanas, estarían asignadas para su labor como servidor público.
Las imágenes generaron cuestionamientos sobre una posible destinación indebida de recursos públicos en medio de actividades proselitistas. La discusión tomó fuerza en el escenario digital y abrió un debate sobre los límites entre la función pública y la campaña electoral.
Partido asegura que no existe investigación formal
Frente a la controversia, la directora del partido Creemos y concejal de Medellín, Camila Gaviria, afirmó que hasta el momento la colectividad no ha sido notificada de ninguna investigación formal por parte de las autoridades competentes. La dirigente sostuvo que el partido respeta los procedimientos institucionales y que cualquier revisión deberá surtirse en las instancias correspondientes.
Gaviria también reconoció que los candidatos de la colectividad adelantan recorridos en distintas regiones del país como parte de su estrategia política de cara a las elecciones legislativas. Sin embargo, indicó que corresponde a las autoridades verificar si existe o no alguna irregularidad.
Marco legal sobre uso de bienes públicos en campaña
La legislación colombiana establece límites claros sobre el uso de bienes del Estado en actividades políticas. La Constitución Política y la normativa disciplinaria prohíben destinar recursos públicos para favorecer campañas electorales. Asimismo, el Código Disciplinario Único y la Ley de Garantías Electorales regulan la participación de servidores públicos en procesos proselitistas, especialmente en periodos preelectorales.
La Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral son las entidades encargadas de revisar posibles faltas disciplinarias o violaciones a las normas electorales. En casos similares registrados en el país, las investigaciones se centran en determinar si el uso de vehículos oficiales coincide con funciones propias del cargo o si se destinó a actividades exclusivamente políticas.
Ambiente electoral bajo lupa ciudadana
El debate surge en un momento clave para las campañas al Senado y la Cámara de Representantes. En Medellín y Antioquia, la competencia política se intensifica y cualquier señal de presunto uso irregular de recursos públicos genera reacciones inmediatas en la opinión pública.
Hasta ahora, no existe pronunciamiento oficial de organismos de control sobre el caso específico.
Mientras tanto, sectores ciudadanos piden claridad y transparencia para garantizar que la contienda electoral se desarrolle en igualdad de condiciones.
La polémica continúa abierta y el desarrollo de los hechos dependerá de eventuales actuaciones institucionales.