Una reciente decisión del Congreso chileno abrió nuevamente una discusión crucial: ¿los altos funcionarios deben someterse a pruebas obligatorias de drogas?
El pasado 23 de abril de 2025, la Cámara Baja del Congreso de Chile aprobó un proyecto de ley que exige a presidentes, ministros, congresistas y alcaldes realizarse pruebas antidrogas. Este examen sería obligatorio antes de asumir el cargo y se repetiría cada año. Los resultados serían públicos. Un resultado positivo, sin justificación médica, inhabilitaría al funcionario.
¿Transparencia o exposición pública innecesaria?
El proyecto ha recibido apoyo transversal en el Congreso chileno. Sus defensores argumentan que la norma previene conductas inapropiadas y fortalece la transparencia. Sin embargo, también hay críticas. La diputada Lorena Fries expresó su preocupación por el “morbo y la exposición pública”, y cuestionó si la medida persigue un fin genuino de salud pública o si termina siendo castigo social.
Colombia necesita el debate, pero con responsabilidad
Este debate se vuelve especialmente urgente en Colombia. Las acusaciones del exministro Álvaro Leyva contra el presidente Petro, sin pruebas, reflejan cómo el tema puede politizarse. En lugar de institucionalizar el control, se utiliza para generar escándalos sin garantías.
El caso muestra los riesgos de dejar un tema tan delicado al espectáculo mediático. Las acusaciones pueden generar daños irreparables a la imagen pública, sin contribuir al bien común.
Otras experiencias en el mundo
Estados Unidos exige pruebas en empleos federales sensibles desde 1986. Italia las obliga en trabajos de riesgo. Francia y Australia avanzan en políticas voluntarias y aleatorias. Arabia Saudita y Emiratos tienen medidas drásticas y de tolerancia cero.
Estas experiencias muestran que sí es posible equilibrar el derecho a la privacidad con la necesidad de control institucional. Pero todo depende de cómo se diseñen las reglas.
Una democracia madura exige garantías
Colombia necesita reglas claras, procesos confidenciales y una cultura política que priorice la dignidad humana. Transparencia y privacidad no deben ser enemigos, sino aliados de la democracia.