Audiencia contra Julián Bedoya por presunta falsedad en título de abogado enfrenta nuevo retraso
La audiencia programada para este lunes, en la que se esperaba la formulación de cargos contra el excongresista Julián Bedoya, volvió a posponerse. Bedoya enfrenta acusaciones por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, relacionados con la supuesta obtención fraudulenta de su título de abogado de la Universidad de Medellín en 2019. Sin embargo, el avance del proceso sigue estancado debido a prolongados alegatos en torno a la posición de la Universidad como víctima en el caso.
Disputa sobre la condición de víctima de la Universidad
Durante la audiencia, la defensa de Bedoya argumentó que no existen pruebas suficientes para considerar que el excongresista ha causado un daño reputacional a la Universidad de Medellín. El abogado de la institución presentó un estudio de reputación encargado en 2020 a la firma encuestadora Invamer, que indicó una disminución de confianza hacia la universidad a raíz del escándalo por el presunto título fraudulento. Según la encuesta, entre los comentarios más frecuentes se encontraba que la universidad es percibida como “muy politizada” y que los escándalos han impactado su credibilidad.
La Fiscalía y el Ministerio Público respaldaron la postura de la Universidad, y la juez del caso falló a favor de reconocer a la entidad educativa como víctima. Sin embargo, la defensa de Bedoya impugnó esta decisión, alegando que no hay una relación directa entre las acciones del acusado y la pérdida de reputación o de matrículas en la Universidad de Medellín.
Nuevos retrasos en el proceso judicial
La audiencia, que había sido reprogramada anteriormente cuando Bedoya cambió de abogado en agosto, fue nuevamente aplazada para el próximo 22 de octubre. En esa fecha, se espera que la defensa del excongresista presente una solicitud de nulidad del caso, argumentando la falta de pruebas contundentes que lo vinculen con el supuesto daño a la universidad.
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia, cuando el caso estuvo bajo su jurisdicción, consideró que las pruebas contra Bedoya eran sólidas, el proceso continúa sin avances significativos desde su traslado a la Fiscalía, tras la renuncia del exsenador.