Investigan a 12 concejales de La Estrella por presuntas irregularidades en la elección del secretario del Concejo
Doce concejales del municipio de La Estrella, Antioquia, enfrentan denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía por presuntas irregularidades en la elección del secretario del Concejo. De acuerdo con la denuncia presentada, la designación del funcionario se realizó sin cumplir con la Ley 1904 de 2018, que establece que el proceso debía ser evaluado por una universidad con acreditación de alta calidad, lo cual no ocurrió.
Elección irregular y presunto prevaricato
El 5 de enero de 2024, el Concejo Municipal eligió a Daniel Ángel Guerra como secretario, pero el procedimiento estuvo rodeado de controversia. En lugar de contar con una institución de educación superior para evaluar a los aspirantes, se utilizó una Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.), supuestamente cercana al candidato elegido.
El denunciante, Santiago Morales, señala que los concejales podrían haber incurrido en prevaricato por acción, al tomar una decisión contraria a la ley a pesar de las advertencias de tres de sus colegas. Según la denuncia, el proceso de selección habría sido amañado, ya que no se garantizó la participación de otros aspirantes, y el candidato electo tenía un vínculo directo con la empresa que gestionó la convocatoria.
Los concejales denunciados
Los concejales señalados en la denuncia son:
- – Juan Pablo Arteaga
– Estiben Orleit Moncada
– Dahyana Pabón Jiménez
– Willington Herrera Arroyave
– John Edison Ocampo
– Natacha Gil Escobar
– Walter Alexis Londoño
– Jhon Mauricio Oquendo
– Natalia Alejandra Londoño
– Andrés Camilo Cano
– Sebastián Tapias Madrigal
– Daniel Garcés Flórez
Pruebas y posibles sanciones
Las denuncias incluyen grabaciones de la sesión del Concejo y actas oficiales que evidenciarían las advertencias hechas por los concejales Juan David Barco, Fernando Moreno y Gustavo Aguilar, quienes se opusieron a la elección al considerar que se estaba violando la ley.
De comprobarse las irregularidades, los concejales podrían enfrentar sanciones disciplinarias y penales. La Procuraduría analizará el caso para determinar posibles sanciones administrativas, mientras que la Fiscalía evaluará si existen méritos para formular cargos penales por prevaricato.