Denuncia pública destapa presuntas irregularidades en contratación social
Una denuncia en redes sociales encendió las alarmas sobre el manejo de un programa financiado con recursos del Presupuesto Participativo en Medellín. Un gestor educativo aseguró que le exigieron $200.000 mensuales para mantener su contrato dentro de una estrategia que acompaña a jóvenes universitarios de instituciones públicas.
El programa vincula a líderes comunitarios como gestores educativos para apoyar a estudiantes del ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor. La administración financia estas contrataciones con recursos definidos directamente por la comunidad, con el objetivo de reducir la deserción universitaria y garantizar que los jóvenes aprovechen la inversión pública.
Relato del gestor que hizo pública la acusación
El trabajador social José David Medina afirmó que, tras superar un primer filtro de selección y presentar un examen de suficiencia, recibió una llamada del coordinador del programa en la comuna 7, Hugo Alejandro Barrera Gómez. Según su versión, el encuentro se concretó el 7 de enero en el barrio El Cortijo.
Medina aseguró que durante la conversación el coordinador habló sobre nombres de personas que debían ser contratadas y luego le manifestó que no había quedado seleccionado, pero que esa decisión podría cambiar si entregaba $200.000 mensuales durante la vigencia del contrato.
El contrato tiene honorarios aproximados de $2.200.000 mensuales, de los cuales el gestor debe pagar seguridad social. La suma exigida representaría cerca del 10% del ingreso mensual.
Coincidencias que generan dudas
El 10 de enero, Medina recibió un correo oficial que confirmaba su selección en el programa. La cercanía entre la conversación y la notificación generó interrogantes sobre posibles interferencias en el proceso.
Posteriormente, el gestor decidió denunciar públicamente el hecho en redes sociales. Aseguró que aceptó inicialmente por necesidad económica, pero luego optó por exponer la situación al considerar que podría tratarse de una práctica irregular.
Aparecen más testimonios
Tras la denuncia, una edil de la comuna 7 recibió al menos cuatro quejas adicionales relacionadas con el proceso de contratación. Dos personas señalaron falta de transparencia en la publicación de resultados y otras dos mencionaron presuntos cobros similares.
Algunos testimonios indicaron que funcionarios preguntaban si los aspirantes “estaban en la lista”, lo que generó sospechas sobre la existencia de filtros no oficiales dentro del proceso.
Contexto político y contractual
El caso también salpicó el entorno político local. Desde la campaña del precandidato presidencial Aníbal Gaviria aclararon que el mencionado coordinador no ocupa cargos relevantes y que ya presentó su renuncia.
Registros contractuales muestran que el señalado coordinador ha tenido contratos de prestación de servicios con el Colegio Mayor desde 2024 y previamente con Indeportes Antioquia. Además, aparece vinculado a una corporación comunitaria que recibió millonarios contratos en administraciones anteriores.
Hasta el momento, las autoridades no han anunciado investigaciones formales, pero las denuncias públicas abrieron un debate sobre la transparencia en el manejo del Presupuesto Participativo, un mecanismo creado para fortalecer la participación ciudadana y la vigilancia comunitaria sobre los recursos públicos.