El hundimiento de la reforma tributaria complica el presupuesto de 2025
El Congreso de Colombia archivó la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, lo que ha dejado una brecha fiscal de $12 billones en el presupuesto para 2025. La reforma, que incluía un impuesto a los juegos de azar y apuestas en línea para recaudar $2 billones, fue retirada tras fuertes presiones y lobby en las comisiones económicas del Congreso.
Un golpe a las finanzas del Gobierno
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, reconoció que la decisión afecta directamente el financiamiento de proyectos claves. “No se está votando en contra del presidente Petro, sino que se están recortando inversiones necesarias para el país”, señaló Guevara. Los recortes ya se sienten en áreas como subsidios de vivienda, Icetex, y programas sociales como Prosperidad Social, que se verán severamente afectados.
Impacto en los sectores más vulnerables
Según Alexander López, director de Planeación Nacional, el hundimiento de la reforma tendrá un impacto negativo directo sobre los sectores más pobres y las clases medias. A cerca de 26 sectores no les será asignado presupuesto de inversión, lo que profundizará las desigualdades sociales.
Urgente reconfiguración del presupuesto
Con el rechazo al proyecto, el Gobierno se enfrenta a un escenario complicado, ya que debe cumplir con la Regla Fiscal. Según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el Ejecutivo deberá recortar hasta $37 billones del presupuesto para 2025, afectando gravemente los subsidios y programas sociales. El Gobierno deberá tomar decisiones difíciles, como aplicar medidas de austeridad o buscar nuevas alternativas de financiamiento.
Reacciones encontradas
El rechazo en el Congreso ha generado reacciones divididas. Mientras el gobierno considera el fallo como un “golpe al pueblo colombiano”, sectores empresariales como la Andi celebraron la decisión, argumentando que la reforma afectaba la reactivación económica y las empresas. Los analistas coinciden en que la reforma era inapropiada para la situación fiscal del país y podría haber comprometido la sostenibilidad económica a largo plazo.