
Puerto Antioquia en riesgo: denuncian trabas por influencia política
El megaproyecto Puerto Antioquia, el puerto marítimo más grande de Colombia, enfrenta obstáculos para su entrada en operación el próximo año. A pesar de contar con todos los permisos y licencias necesarias, la Corporación Autónoma Regional del Urabá (Corpourabá) ha puesto frenos administrativos que podrían retrasar el desarrollo del proyecto.
La congresista Catherine Juvinao ha denunciado que detrás de estas trabas estaría el exsenador Julián Bedoya, cuya estructura política estaría interfiriendo en el proceso. Según las acusaciones, altos directivos de Corpourabá han mencionado la necesidad de negociar con Bedoya y, presuntamente, han solicitado tres millones de dólares para dar viabilidad al proyecto.
La sombra de Julián Bedoya
Juvinao ha seguido de cerca la trayectoria de Julián Bedoya desde su paso por la Cámara de Representantes y el Senado. En 2019, lo denunció por presuntas irregularidades en su título universitario, lo que terminó en la anulación de su diploma y la salida del rector de la Universidad de Medellín.
Sin embargo, las denuncias actuales van más allá de su historial académico. Según Juvinao, Bedoya ha sabido reconfigurar su influencia política, alineándose con el actual presidente Gustavo Petro en su campaña electoral, a pesar de haber militado en sectores de derecha. Este apoyo le habría permitido recibir el control de entidades clave en Antioquia, incluyendo Corpourabá.
Corrupción y clientelismo en el Urabá antioqueño
La denuncia señala que Bedoya ha construido una estructura clientelista dentro de la entidad, lo que le ha permitido influir en decisiones estratégicas para la región. Puerto Antioquia, un proyecto que promete generar 1.900 empleos directos y fortalecer el comercio marítimo del país, se encuentra en medio de un entramado político que podría frenar su desarrollo.
La acusación plantea interrogantes sobre la transparencia en la administración pública y el impacto que este tipo de presiones políticas pueden tener en proyectos estratégicos para el crecimiento económico del país. Las autoridades deberán investigar a fondo para garantizar que la infraestructura clave para el comercio colombiano no sea víctima de maniobras indebidas.