Corte Suprema condena a exsenador por vínculos con grupos armados ilegales
José Ignacio Mesa Betancur recibió una pena de 76 meses de prisión por nexos con las AUC y la Oficina de Envigado.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador antioqueño José Ignacio Mesa Betancur a 76 meses de prisión. El alto tribunal lo halló culpable de colaborar con estructuras criminales como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la Oficina de Envigado. Según la sentencia, Mesa utilizó estas alianzas para impulsar su carrera política.
Alianzas criminales para llegar al poder político
El fallo establece que Mesa obtuvo respaldo territorial y económico gracias a grupos armados.
Durante su ascenso político, primero como candidato a la Alcaldía de Envigado y luego al Senado, Mesa Betancur recibió apoyo estratégico de organizaciones ilegales. La Corte determinó que estas alianzas fortalecieron su maquinaria electoral y fueron clave para consolidar su poder.
El expediente judicial demuestra que Mesa tuvo participación activa en planes para controlar comunidades a través del paramilitarismo. También se evidenció que él promovió y facilitó el direccionamiento de votos en regiones bajo influencia armada, reforzando redes clientelistas.
Tribunal señala promoción del paramilitarismo desde instituciones
El caso revela cómo el poder ilegal se infiltró en el Congreso a través de políticos aliados.
La sentencia indica que Mesa no fue un actor pasivo, sino un beneficiario directo del control territorial ejercido por estas organizaciones. Estas estructuras armadas garantizaron resultados electorales a cambio de beneficios políticos, configurando una simbiosis entre ilegalidad y poder institucional.
Un nuevo caso en la larga lista de la parapolítica
La Corte advirtió que este caso refleja la persistencia de la influencia armada en la política.
Con esta condena, Mesa se une a la lista de dirigentes señalados por usar el paramilitarismo para escalar en la vida pública. El fallo reitera la necesidad de depurar el ejercicio político y evidencia que los tentáculos del poder ilegal siguen dejando huella en la historia legislativa del país.