El presidente Gustavo Petro propuso nuevamente la creación de un tribunal de cierre para abordar integralmente los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Durante la conmemoración de los ocho años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, Petro señaló que esta iniciativa será llevada al Congreso en forma de un proyecto de ley.
El tribunal, según Petro, incluiría a guerrilleros, paramilitares, militares, políticos y otros actores involucrados directa o indirectamente en el conflicto. Su objetivo sería consolidar la «verdad judicial» como garantía clave del Acuerdo de Paz.
¿Cómo se diferenciaría de la JEP?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualmente lidera los procesos de justicia transicional derivados del acuerdo con las FARC. Sin embargo, el presidente ha criticado los avances de la JEP, argumentando que la falta de sentencias condenatorias y amnistías afecta la reconciliación. Aunque no está claro si el nuevo tribunal reemplazaría a la JEP, Petro planteó que el alcance de esta debe ampliarse para incluir a otros actores como políticos y narcotraficantes.
En 2023, Otty Patiño, consejero de paz, sugirió que el tribunal de cierre podría implicar el fin de la JEP, aunque luego se retractó. Por su parte, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, recordó que cualquier cambio en su mandato requiere reformar la Constitución.
Un enfoque para la paz total
El tribunal busca incentivar la participación de grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y las disidencias de Iván Márquez, en los diálogos de paz total. Según fuentes de la JEP, estos grupos temen los estándares rigurosos de justicia, y un tribunal de cierre ofrecería un enfoque más flexible para facilitar la desmovilización.
Controversias y desafíos
Esta propuesta enfrenta críticas debido al temor de que socave los avances logrados por la JEP y comprometa los principios de justicia para las víctimas. Además, modificar el sistema judicial transicional podría generar incertidumbre jurídica y política.
El debate en el Congreso definirá si esta propuesta se convierte en un mecanismo viable para consolidar la paz en Colombia o si reaviva tensiones entre sectores sociales y políticos.