Solicitan trasladar investigación a Bogotá por presuntas presiones
La investigación disciplinaria contra 12 concejales de La Estrella podría pasar a Bogotá. La solicitud busca garantizar transparencia y evitar posibles presiones locales que puedan llevar al archivo del proceso.
El abogado Santiago Suárez Morales pidió a la Procuraduría General de la Nación ejercer Poder Preferente, para que el caso sea asumido directamente desde la capital. Según el denunciante, el avance del proceso en Antioquia ha sido mínimo y existen alertas por posibles interferencias políticas
.
Procuraduría abrió indagación en julio de 2025
En julio, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación formal por presuntas irregularidades en la elección del secretario del Concejo Municipal. El proceso busca determinar si la convocatoria cumplió los requisitos legales y técnicos exigidos para este tipo de cargos públicos.
El Ministerio Público indaga si el contrato celebrado con la firma Asistencia Nacional Investigativa S.A.S (ANI OMEGA S.A.S) cumplía con la acreditación de alta calidad exigida para realizar la convocatoria.
Denuncian incumplimiento en los requisitos legales
Santiago Suárez afirmó que el proceso incumplió con la ley:
“Cuando escuchamos ANI S.A.S, hablamos de una sociedad anónima simplificada y no de una institución de educación superior. Allí se incumplió el requisito. Los doce concejales prevaricaron por acción”, aseguró.
Los concejales investigados
Entre los 12 concejales investigados se encuentran Juan Pablo Arteaga, Estiben Moncada, Dahyana Pabón, Willington Herrera, John Ocampo, Natacha Gil, Walter Londoño, Jhon Mauricio Oquendo, Natalia Londoño, Andrés Cano, Sebastián Tapias y Daniel Garcés.
El cargo en cuestión fue ocupado por Daniel Ángel Guerra, quien —según el denunciante— fue el único aspirante en la convocatoria, hecho que también genera sospechas de irregularidad.
Piden vigilancia desde Bogotá
Suárez Morales concluyó que, si la Procuraduría no asume directamente el caso, al menos debería aplicar la supervigilancia administrativa, para que el proceso en Medellín sea monitoreado desde Bogotá y se garantice imparcialidad.