Consulta popular por decreto de Petro enfrenta frenos legales claves
La propuesta del presidente Gustavo Petro para imponer una consulta popular mediante decreto despierta alarmas institucionales. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Registraduría podrían frenarla.
Tensión institucional por el “decretazo”
El presidente Gustavo Petro sorprendió al país con su intención de convocar una consulta popular vía decreto, argumentando que el Senado se negó a aprobarla de forma fraudulenta. Sin embargo, el camino legal para dicha convocatoria está plagado de obstáculos constitucionales y jurídicos.
En 24 horas, la Fiscalía imputó cargos a su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exdirector de Función Pública, César Manrique, por delitos relacionados con corrupción en la UNGRD. Mientras tanto, el Gobierno busca desviar la atención hacia la consulta.
Tres instituciones podrían frenar el decreto
Expertos coinciden en que el decreto tiene vicios de legalidad. El Consejo de Estado, como juez natural de actos administrativos, tendría la facultad para suspenderlo si se presentan demandas, como ya lo ha anunciado la oposición.
La Corte Constitucional, a la que el Gobierno pretende llevar el caso, solo tiene competencia para revisar consultas nacionales, pero únicamente por vicios de procedimiento en la convocatoria y ejecución. Varios juristas señalan que esta ruta no es válida.
Por su parte, la Registraduría, que ejecutaría el proceso, podría abstenerse de hacerlo hasta que exista un pronunciamiento judicial firme. El tiempo también juega en contra del Gobierno, ya que el plazo para ejecutar la consulta podría ser insuficiente, especialmente con la votación en el exterior.
Gobierno presiona, instituciones resisten
La estrategia de Petro enfrenta resistencia incluso dentro del gabinete. Ministros han mostrado su inconformidad y hay desorden en la fecha de radicación del decreto.
El intento de imponer la consulta, sin respaldo del Congreso, ha sido calificado como una ruptura institucional. La democracia colombiana está bajo prueba en medio de un ambiente de tensión política y legal.
¿Qué puede pasar?
Juristas estiman que el Consejo de Estado podría acumular todas las demandas contra el decreto y emitir un fallo único. También podrían pedir la suspensión provisional de sus efectos mientras se toma una decisión definitiva.
El registrador Hernán Penagos, según fuentes, esperaría esa decisión antes de mover un solo dedo en la organización del proceso.