
Una sentencia histórica en Colombia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia contra los máximos responsables del antiguo secretariado de las FARC. La decisión marca un hito en la justicia transicional, al priorizar la reparación de las víctimas y el trabajo comunitario por encima de la prisión.
ExFARC reconocen crímenes y evitarán cárcel
Siete excomandantes reconocieron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros y aportaron información clave sobre casos y patrones criminales. Ese reconocimiento les permitió acceder a sanciones propias, que sustituyen la cárcel por proyectos restaurativos.
Proyectos con enfoque reparador
Durante ocho años, los sancionados deberán adelantar iniciativas en cinco áreas: búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario, memoria y reparación simbólica, medio ambiente y apoyo a comunidades. Entre las primeras acciones figura un proyecto en Palmira, Valle del Cauca, para identificar y entregar dignamente restos de personas desaparecidas.
Restricciones y compromisos
Aunque no pagarán cárcel, los exFARC tendrán limitaciones de movilidad, residencia y trabajo. Estarán bajo monitoreo electrónico, cumplirán horarios y deberán participar de manera activa en los proyectos restaurativos ordenados.
Diferentes tipos de sanciones en la JEP
La justicia transicional contempla tres tipos de sanciones: propias, alternativas y ordinarias. Las sanciones propias, como en este caso, privilegian la reparación sobre la prisión. Las alternativas implican entre 5 y 8 años de cárcel para quienes reconocen delitos durante el juicio. Las ordinarias, aplicables a quienes no aceptan responsabilidad, contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
Impacto en militares por falsos positivos
El jueves, la JEP tomará decisiones sobre el caso de los falsos positivos del Ejército. Hasta ahora, solo 3 de los 17 oficiales procesados han aceptado responsabilidad. Los demás avanzan en juicios adversariales, con sanciones ordinarias que incluyen cárcel.
Una justicia que prioriza a las víctimas
La sentencia busca cerrar heridas del conflicto a través de reparación directa y simbólica. Con esta decisión, la JEP reafirma que su prioridad es la verdad, la justicia restaurativa y la dignidad de las víctimas.