Procuraduría pide declarar inconstitucional la reforma pensional del gobierno Petro
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro y aprobada por el Congreso mediante la Ley 2381 de 2024. La procuradora Margarita Cabello emitió un concepto en el que considera que el proceso legislativo presentó irregularidades significativas que afectan la validez de la reforma.
Argumentos de la Procuraduría y demandas presentadas
El concepto enviado por la Procuraduría se basa en una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, quien argumenta que en los 95 artículos de la reforma hubo omisiones en los debates dentro de la Cámara de Representantes. Según Valencia, se omitió deliberación y explicación de los ponentes en temas que diferían del texto aprobado en el Senado. La procuradora Cabello coincidió en que este proceso careció de un debate adecuado, calificando el hecho como un “vicio legislativo insubsanable”.
Artículo 84 y carga tributaria en las pensiones
Otro punto clave señalado en el concepto de la Procuraduría es el artículo 84, el cual introduce una carga tributaria sobre las pensiones superiores a 1.000 UVT. Cabello argumenta que esta medida infringe el principio de progresividad, lo cual afecta derechos sociales y debería eliminarse. Sin embargo, la Procuraduría considera que el artículo 93, que establece un sistema de jubilación para grupos étnicos, no presenta inconstitucionalidades, aunque sugirió que el vicio de falta de debate podría afectar toda la ley.
Demandas adicionales en la Corte Constitucional
La Corte Constitucional tiene en estudio esta y otras demandas presentadas contra la reforma pensional. De las más de 100 demandas recibidas inicialmente, quedaron alrededor de 22 casos activos. Entre estas se encuentra una del Centro Democrático, así como otras radicadas por la representante Katherine Miranda y el senador Carlos Fernando Motoa.
La Procuraduría confía en que su solicitud será acogida por el alto tribunal para garantizar un proceso legislativo que cumpla con los estándares de transparencia y deliberación adecuados.