Tensión entre el Gobierno y EPM por embargo de cuentas
El Gobierno Nacional solicitó una inspección a Empresas Públicas de Medellín (EPM) tras la decisión judicial de embargar cuentas estatales por una deuda de subsidios de energía. La medida, que asciende a $83.309 millones, intensificó el conflicto entre la administración de Gustavo Petro y la empresa de servicios públicos.
Decisión judicial desata enfrentamiento
El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó el embargo el pasado 4 de marzo debido a una deuda del Ministerio de Minas y Energía con Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial de EPM. La deuda incluye $41.654 millones en saldos insolutos y $5.258 millones en intereses moratorios.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión judicial y criticó la falta de pago del Gobierno. “Intentamos abrir canales de diálogo, pero no obtuvimos respuesta”, afirmó. Según Gutiérrez, hay más demandas en curso por obligaciones con Afinia y otras filiales.
Respuesta del Gobierno y solicitud de inspección
En un Consejo de Ministros televisado, el presidente Petro rechazó el embargo y ordenó medidas inmediatas. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos una inspección a EPM para evaluar su cumplimiento normativo y contractual.
Palma acusó a Gutiérrez de politizar la situación y aseguró que el Gobierno ha pagado el 85% de los subsidios. Además, señaló a EPM por presionar tarifas al alza y afectar a usuarios en el Caribe.
La inspección solicitada busca verificar si EPM cumple con las normas del servicio público y, de ser necesario, imponer correctivos. Petro afirmó que el embargo perjudica los recursos del Estado y acusó a la oposición de sabotear la financiación del Gobierno.
El conflicto sigue escalando, y el resultado de la inspección podría definir el rumbo de esta disputa.