Espionaje a exmandatarios y sedes secretas
Un informe confidencial de empalme expone graves irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia. El documento revela maniobras ilícitas ejecutadas durante el mandato del presidente Gustavo Petro. La Contraloría General investiga prioritariamente cinco contratos millonarios que suman más de veinte mil millones de pesos. Los auditores evalúan la instalación de micrófonos y rastreadores GPS en vehículos asignados a esquemas de seguridad. Las agencias de control afirman que estos dispositivos vigilaban continuamente a expresidentes y exvicepresidentes del país.
Además, la entidad operó una casa clandestina a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Los funcionarios desocuparon esta sede secreta inmediatamente después de los comicios presidenciales. Posteriormente, los encargados borraron cualquier registro físico y digital sobre la existencia de dicho inmueble. Paralelamente, oficiales de la agencia viajaron a Moscú para recibir capacitación directa del servicio secreto ruso. Los agentes trajeron computadores y celulares extranjeros que contenían presuntos programas maliciosos de espionaje.
Ciberataques a las elecciones y capturas
El capítulo electoral involucra directamente a Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas vinculado en 2024. La Fiscalía capturó a este funcionario tras descubrir su participación en ataques informáticos contra la Registraduría. Los investigadores señalan que Oyola lideró una red de hackers y bodegueros digitales. Esta organización pretendía alterar los resultados en las votaciones presidenciales del 21 de junio de 2026. Oyola enfrentaba ya una orden de captura previa por falsificar títulos académicos para lograr su vinculación estatal.
Por otra parte, la DNI flexibilizó los filtros de selección para contratar a trescientas personas. La administración omitió las pruebas obligatorias de polígrafo a aspirantes con antecedentes penales y exmilitantes del M-19. Esta pérdida de rigor convirtió a la agencia central en un fortín burocrático sin capacidad estratégica.
Despilfarro en contratos y compras de lujo
El documento de empalme revela escandalosos sobrecostos en las compras operativas y administrativas de la agencia. La DNI adquirió un helicóptero no tripulado por nueve mil millones de pesos que sufrió un siniestro en marzo. Asimismo, la entidad invirtió más de ocho mil millones de pesos en camionetas equipadas con sistemas antidrones. Las investigaciones actuales verifican si estos vehículos contaban con tecnología para interceptar comunicaciones privadas.
El informe detalla también adquisiciones lujosas para la dotación de la nueva sede en el municipio de Funza. Los directivos compraron atriles por catorce millones de pesos y camas individuales por dieciocho millones de pesos cada una. Adicionalmente, la agencia gastó quinientos ochenta millones de pesos en un sistema biométrico que resultó inútil por incompatibilidad tecnológica. La falta de mantenimiento contratado dejó a la institución sin plataforma oficial para registrar sus operaciones desde 2024.